Hacienda
trabaja en una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Los
municipios deberán aceptar expresamente qué servicios reciben de las
autonomías.
El Gobierno quiere terminar con las duplicidades
competenciales entre ayuntamientos y comunidades autónomas. Para ello
modificará la Ley de Bases de Régimen Local para introducir un catálogo
específico de los servicios que tienen la obligación de prestar las
corporaciones basándose en el principio de una administración, una
competencia, explicaron a LA GACETA fuentes cercanas al Ejecutivo.
Además la reforma de la ley –que el Gobierno quiere aprobar antes de
verano– contemplará previsiblemente que, en el caso de que una autonomía
delegue una competencia en algún ayuntamiento, se haga con la
aceptación expresa de la corporación y venga con la financiación
necesaria.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, facilitó
el lunes un borrador del mencionado texto al presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Juan Ignacio
Zoido, para su estudio y aportación de propuestas al Gobierno. Fuentes
del Ejecutivo confían en que el Consejo de Ministros dé luz verde al
texto en un plazo de dos semanas.
Montoro ya anunció ayer que
el Ejecutivo quiere terminar con el derroche entre las Administraciones
Públicas, para lo que se ha marcado el objetivo de delimitar “bien” las
competencias de los ayuntamientos con la meta de que presten
“actividades que no hagan las comunidades o la Administración general
del Estado”.
El Gobierno ya ha empezado las negociaciones con
el PSOE para tratar de consensuar un texto que requiera los menores
cambios posibles y que entre en vigor en septiembre, cuando se reanude
la actividad parlamentaria. Los primeros trabajos se están centrando en
analizar las competencias una a una, para determinar qué administración
puede prestar un servicio más eficiente, aprovechando que no existe un
documento donde aparezcan clasificadas las competencias por
administración.
Servicios confusos
En Castilla y León, por
ejemplo, los ayuntamientos mantienen las competencias en mantenimiento
de colegios, no así de institutos, lo que supone afrontar los gastos de
calefacción, limpieza y reparaciones, así como las nóminas del personal
no docente, en concreto, los conserjes. La concejala de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Domi Fernández, aseguró ayer a
LA GACETA que el consistorio “estaría encantado” con liberarse de unas
competencias que no son propias de la Administración municipal.
Este ayuntamiento asume el funcionamiento de 41 edificios, lo que se
traduce en un gasto anual de 10 millones de euros, un dato que procede
no sólo del curso convencional sino de programas como el de centros
abiertos, que mantiene escolarizados a los pequeños en el mes de julio
para que los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar. La
concejala se queja de que el ayuntamiento “no ve un duro” y no son
servicios propiamente educativos.
Fuentes del Ayuntamiento de
León se mostraron a favor de una reordenación de las competencias “de
manera ordenada o consensuada” y siempre, insistieron, que “no se dejen
de prestar a la ciudadanía los servicios básicos”. Algunos municipios,
por contra, aseguran que el ahorro no sería tanto dado que disminuirían
las transferencias de la Administración central por este concepto.
Mientras, desde la Consejería de Educación de Castilla y León, que
dirige Juan José Mateos, se considera que “no es el momento de abordar
esta cuestión” dado que, oficialmente, “no se ha planteado” y se
mantiene la situación de cuando se transfirieron las competencias.
“Cuando se plantee el debate, se hablará”, apuntan desde la Consejería.
